En el
día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas
nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado.
El Generalísimo Franco
Burgos, 1° abril 1939.
Este
parte de guerra, leído por el actor y locutor Fernando Fernández de Córdoba
desde el estudio de Radio Nacional de España en el Paseo del Espolón burgalés,
cerca del Palacio de la Isla, sede del gobierno fascista.
Estamos
viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y en estas
circunstancias, quiero dirigirme directamente a todos los españoles. Todos
hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña, con
la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada, ilegalmente, la
independencia de Cataluña……
……
Termino
ya estas palabras, dirigidas a todo el pueblo español, para subrayar una vez
más el firme compromiso de la Corona con la Constitución y con la democracia,
mi entrega al entendimiento y la concordia entre españoles, y mi compromiso
como Rey con la unidad y la permanencia de España.
Felipe VI
Madrid,
3 de octubre de 2017.
Este discurso fue leído en presencia de un
retrato de Carlos III en el palacio de la Zarzuela.
No
teman mis amables lectores, suponiendo, y ya es suponer, que haya alguno, no
pretendo hacer trampa comparando ambos
textos, uno pone fin a una cruenta guerra civil originada por un golpe de
estado protagonizada por generales “africanistas” con el apoyo económico de la
gran burguesía y los terratenientes, militar de los regímenes de Hitler y
Mussolini, moral de la jerarquía católica y presencialmente físico de
organizaciones de carácter fascista como
la Falange y los Requetés, el otro pone fin a un intento de autodeterminación
de Cataluña, algo no contemplado por la vigente constitución de 1978 y por
tanto ilegal. Dicho, si se puede, más claro aún el primero confirmaba el
triunfo final de una acción delictiva, contraria a la legalidad vigente,
mientras que el segundo pretendía confirmar el triunfo de la legalidad vigente.
La
acción criminal de Franco, la primera, la que culmina con la entrada en Madrid
de los fascistas el 28 de mayo de 1939, generó una nueva legalidad de facto que entre otras cosas impedía que la gente manifestara su opinión mediante un
instrumento llamado voto. Quien conculcaba esa legalidad de facto era
reprimido con dureza pudiendo llegar a perder la vida, y así durante cerca de
cuarenta años. Cuando tras la muerte del dictador en la Ciudad Sanitaria La
Paz, curiosal ironía para quien la guerra había sido su divisa, comienza a
atisbarse una cierta esperanza, el grito “¡Libertad, Amnistía! resuena en las
calles de toda España y en Cataluña con versión vernácula “Llibertat, ¡Amnistia
Estatut d’Autonomia!”. ¿Qué pedíamos cuando pedíamos Amnistía? Ni más ni menos,
en nuestra inocencia, queríamos que nuestros presos salieran de las cárceles,
que nuestros exiliados volvieran, y no sabíamos, igualmente inocentes, que ese
proceso también lavaba los delitos contra la humanidad cometidos por policías
torturadores y toda suerte de criminales soporte del franquismo,
convirtiéndose, en la práctica en una ley de punto final.
El
”procés” , vamos a simplificar llamando así al proceso que se inicia con el
tribunal constitucional cargándose el Estatuto de Autonomía, continúa con un
primer referéndum, en 2013 con Artur Mas al frente de la Generalitat y culmina con
la declaración unilateral de independencia (DUI) tras el referéndum de 1 de
octubre de 2017, conculca la legalidad de iure que nace, tras la aprobación
de la Constitución en diciembre de 1978, desde la legalidad de facto franquista. Y a algunos, desde luego a mi, no nos es baladí preguntarnos:
¿Cómo
es posible que un régimen fascista de lugar a uno democrático sin una ruptura
radical del primero?
¿Por
qué nunca se nos preguntó qué forma de estado escogíamos teniendo en cuenta que
el jefe del Estado que sucede al dictador es una imposición del dictador mismo?
¿Por
qué a esos pueblos que la propia Constitución de 1978 les va a conceder la
particularidad de ser “nacionalidades” no son consultados sobre qué tipo de
vinculación quieren con el estado?
Y a algunos,
desde luego a mí, se nos ocurre, después de sesudas reflexiones, que estas
preguntas y otras muchas que pudieran ocurrírsenos tienen una sencilla
respuesta: El proceso porque el que se transita de una legalidad a otra, la
nunca suficientemente ensalzada modélica Transición, tenía un defecto de
origen, la negociación nunca fue entre iguales, unos tenían detrás el ejército
vencedor, los cuerpos represivos y el poder económico español y extranjero, los
otros…la razón y poco más. De manera que algunos, y desde luego a mí, nos
parece que la legalidad de 1978 puede no ser tan de iure como parece. Nació
desde el designio personal de un dictador, empezó con una ley de punto final y
culminó con un referéndum lleno de trampas, un trágala de “son lentejas, si
quieres…”
Así
que, a lo mejor, conculcar esa legalidad, puede que, al menos éticamente, no
sea tan delictivo, al fin y al cabo, lo que querían, y la mayoría sigue
queriendo, era simplemente votar, justamente aquello que no querían los
militares africanistas y sus aliados ya mencionados que terminaron, a sangre y
fuego con el democrático, aquel plenamente, régimen republicano.
En
cualquier caso, lo que hoy tenemos es un conflicto político que algunos quieren
resolver de una forma policial y, a la postre, jurídico como confrontación
entre dos legalidades.
La
experiencia demuestra que los conflictos políticos como mejor se resuelven es
con la política. El aspirante a ser investido no deja de repetir que los
indultos, medida política potestad del Gobierno, contribuyeron a rebajar la
tensión dentro de la sociedad catalana. Y tiene razón, aunque fuera a costa de
cohesionar a lo más energúmeno y casposamente celtibérico de la sociedad más
añorante de una España que nunca ha existido. La posible amnistía prevista, yo
la investidura aun la veo lejana, no es una potestad del gobierno, ha de
articularse mediante ley y aprobarse en el parlamento en un trámite que se
antoja complicado pues cabe recordar la mayoría reaccionaria en el Senado. Esta
medida ayudará, aun más, a recuperar la política en la sociedad catalana, ya
que no es una medida que beneficie exclusivamente al sr. Puigdemont, al que no
le profeso simpatía alguna, sino a más de 3.000 encausados por su colaboración
el 1 de octubre. ¿De verdad creemos que el votar, querer votar o contribuir a
que se vote constituye, moralmente, un ilícito penal?
Por
último, y aun en el escenario óptimo de los posibles. Investidura del sr.
Sánchez con gobierno de izquierda y programa que avance en derechos sociales,
vamos a tener un escenario político endiablado en el que los posibles socios de
investidura, o al menos algunos de ellos, ya anuncian que no lo serán de
legislatura y que sus apoyos habrá que sudarlos.
PD:
De SUMAR hablamos otro día
