miércoles, 12 de mayo de 2010

Me bajan el sueldo ¡Que alegria!

Lo previsto, el gobierno presidido, ¿presidido?, por ese perfecto inútil llamado José Luis Rodríguez Zapatero, ha cedido a las presiones de Barack Obama, Angela Merkel y Nicolas Sarkozy, muy eficientes en su papel, claramente puesto de manifiesto, de garantes de los intereses de los poderes económicos reales, y ha tomado las medidas que estos le han , no exigido sino, ordenado, y entre ellas una que me afecta directa y personalmente: Me bajan el sueldo .
¡Que alegria! ¡Que alboroto! ¡Otro perrito piloto!
Antes que nada, a fuer de sincero, he de decir que el hecho de que me afecte de forma muy personal, la otra fuente de ingresos de mi unidad familiar, mi mujer, mi ossaposa, es igualmente empleada pública y de mayor nivel que yo, afecta muy directamente en lo que pretendo transmitir. No soy, evidentemente, neutral, soy un afectado por esa medida lo que me carga de subjetividad. Pero esa subjetividad no tiene que determinar, necesariamente, que lo que voy a escribir no sea objetivo.

Carácter demagógico de la medida

Los empleados públicos, funcionarios o no, tenemos muy mala prensa, pésima fama, a la que no son, o mejor han sido, ajenas determinadas actitudes, creo poder afirmar que, en la actualidad, muy minoritarias, pero que tienen su mayor base, en una secular campaña de descrédito de todo aquello que huela a público, como sinónimo de ineficaz, como si en el ámbito de la empresa privada no hubiera vagos, inútiles e incapaces. Somos la carne de cañón adecuada, nuestra mansedumbre y sumisión es patética, a la mayoría de la sociedad le parece, en general, adecuada, cualquier medida contra los empleados públicos, "al fin y al cabo", se dice, "tienen el empleo asegurado". Se entiende, siempre, por empleado público aquel que, con enorme maestría, describe Miguel Mihura, en Sublime decisión , tradición que ha continuado Forges , dando, o, mejor dicho, potenciando una imagen, objetivamente, muy distorsionada. Esta proyección del funcionario como vago redomado, insensible, cuando no cruel, con el ciudadano contribuyente, es absolutamente falsa. No sólo porque se excluyen, deliberadamente, de esa imagen, a los bomberos que apagan incendios o a los médicos de guardia en hospitales públicos, que también son funcionarios que verán recortados sus ingresos, sino porque la inmensa mayoría de los empleados públicos nos ganamos, con creces, el salario, en muchas ocasiones escaso y cercano al mileurismo. El funcionario patán del Vuelva usted mañana, hace muchísimo tiempo que se extinguió, y la profesionalidad y competencia de los empleados públicos está, como poco, al mismo nivel que el que pueda haber en el ámbito privado.

Caracter innecesario de la medida

Una medida de estas características, dictada además desde fuera, es una medida cómoda y sencilla, pero nunca necesaria, y mucho menos, imprescindible. Reducir el gasto público puede ser conveniente, y aquí más que de reducir habría que hablar de racionalizar, y esa racionalización llevaría, de forma natural, a una reducción, y sería una reducción sensible, sin tocar euro de las retribuciones de los empleados públicos.
¿Sería coherente y lógico que los poderes del estado utilizaran, para cumplir sus objetivos, a la plantilla de empleados públicos actualmente en activo?
La pregunta puede parecer retórica pero no lo es. El Presidente del Gobierno, los ministros, los presidentes de comunidad autónoma, los consejeros de los gobiernos autónomos, los alcaldes y hasta algunos concejales, se rodean de equipos de técnicos, expertos o asesores, en muchos casos muy nutridos, que tienen como misión elaborar informes, o estudios, que podrían ser, perfectamente, elaborados por funcionarios en activo, que sin embargo son condenados a la inactividad, favoreciendo esa leyenda negra a la que me he referido anteriormente.
¿y, porqué se produce este fenómeno?
Se me ocurren dos razones, pero puede que haya más:
El pago de servicios prestados, junto con la creación de una corte aúlica de pazguatos aduladores puede tener mucho que ver.
La independencia que pueda tener, que tiene de hecho, el trabajador público juega en su contra, es un hándicap. Sirvo como ejemplo: en una pasada etapa de mi carrera profesional me negué a avalar datos que yo no había elaborado y que además consideraba inexactos o erróneos. Indudablemente mi actitud me causó problemas, y de hecho tuve que cambiar de unidad, pero, sin llegar a un comportamiento heróico, pude defender mis criterios profesionales. Y pude hacerlo porque era un funcionario con mi plaza en propiedad. Me hubiera sido, prácticamente, imposible hacerlo de haber sido un asesor de libre designación, personal de confianza.

El Deficit Público

Parece ser que hay que reducir el déficit público. No entro en el debate sobre la necesidad. Me lo creo. Hagámoslo. Sin salirse del sistema capitalista, y desgraciadamente no estamos en condiciones de forzar esa salida, hay dos formas de abordar esa reducción. Una clásicamente keynesiana, socialdemócrata, que buscaría reducir el gasto público en aspectos no, excesivamente, lesivos para el estado de bienestar, y la racionalización a la que antes aludía podría ir en ese sentido, y sobre todo, buscaría el aumento del ingreso aumentando, sensiblemente, la presión fiscal. Pero no de forma indiscriminada, a través de un impuesto indirecto como el IVA, sino mediante una fiscalidad progesiva que, castigando a los mayores ingresos, teniendo en cuenta todos los conceptos, produzca un efecto recaudatorio positivo, además de uno redistributivo. La otra forma de abordar la reducción del déficit es claramente neoliberal. Se reduce el gasto recortando de forma notoria aspectos sociales: sanidad, educación, pensiones, retribuciones públicas, etc. Y se aumenta el ingreso mediante impuestos indirectos que gravan, por igual, a todo el mundo. Obviamente un gobierno como este, incapaz porque no cree en ellas, de hacer política de izquierda ha optado, o mejor, en una bajada de pantalones sin precedentes, le han optado por el liberalismo.

¿Que hacer?

Ademas de llenarnos de justa indignación, por supuesto.
Los compañeros griegos nos han mostrado el camino, un camino que debería alejarnos, de esa práctica que convierte nuestras movilizaciones en alegres procesiones matinales que aprovechamos para charlar con amigos de toda la vida a los que hacía tiempo, probablemente desde la última manifestación, que no veíamos. El argumento de las direeciones de los sindicatos mayoritarios para no caminar hacia la huelga general ha saltado por los aires. Pero las cosas no salen de improviso, de un día para otro. Tras muchos años de sindicalismo de negociación, es decir de práctica antisindical y desmovilizadora, no basta con anunciar una huelga general. Hay que pelear, y mucho, para que los trabajadores vuelvan a tomar conciencia de lo que son, precisamente eso; trabajadores, para que vuelvan a adquirir conciencia de clase. Y más dificil todavía en el sector al que pertenezco, el de los empleados públicos, ya de por sí aborregado. No pretendo, no es mi talante, hacer un llamamiento a la violencia,pero haciendo el pánfilo, nos las van a dar todas en el mismo carrillo, sin alusiones.

3 comentarios:

Anónimo dijo...

A mí también me bajan el sueldo, e intentando que la subjetividad no me haga desbarrar más de la cuenta, me atrevo a señalar que las medidas a las que se refiere el Gobierno (y las que ya viene utilizando)son de obligada y directa aplicación en la Administración General del Estado y en la Administración de Justicia y no en las Administraciones locales (CCAA y Ayuntamientos), es decir, se aplican sí o sí a unos 250.000 empleados públicos y no, ya veremos que dicen Esperancita y los demás jefes autonómicos, a los algo más de 2 millones de empleados de la Administración local. Curioso. De otro lado hay que decir que en pocos años se han perdido más de 200.000 puestos de trabajo en la Administración General por el simple mecanismo de no cubrir las plazas que quedan vacantes y utilizarlas para dotar económicamente puestos de trabajo propios de asesores de todo tipo, adjuntos a los jefes de las unidades(subdirectores generales) y personal externo de alto standing. Si alguien bucea en los datos estadísticos del Personal al servicio de las Administraciones podrá observar como la pirámide de retribuciones es muy peculiar y del nivel 26 hacia arriba (los jefes) están ganando un dinero importante, superior de media a lo equivalente en la empresa privada, mientras que hacia abajo el mileurismo es la tónica general salvo gloriosas excepciones. Habría que hablar de los recortes en los gastos de la Administración General y de su incidencia en todo tipo de empresas (informática, publicidad, mantenimiento, estadísticas, limpieza, transporte, marketing, ...) que trabajan dependiendo en su actividad casi por completo de los Presupuestos de los centros de la Administración. ¿Cuántos puestos de trabajo pueden desaparecer?. Perdón por extenderme, pero es tanto el desconocimiento de la AGE y de los denostados funcionarios públicos. Por cierto: ¿para cuando un KKE en España?.

Nikolái dijo...

Yo para reducir el gasto público empezaría por algo que me irrita en sobremanera, y que además creo que la inmensa mayoría de la población apoyaría: eliminación de la sanidad privada para los funcionarios. No tiene ni pies ni cabeza que los funcionarios no pertenezcan, en general, a la sanidad pública.

Luego podríamos continuar por el impuesto de patrimonio y de sucesiones, que desaparecieron sin pena ni gloria sin que (casi) nadie se quejara.

J. G Centeno dijo...

No es exacto afirmar, sin más, que los funcionarios tienen sanidad privada. Muchos estamos en el régimen general de la Seguridad Social, como todos los trabajadores, y los contratados laborales todos. Incluso los adscritos a MUFACE pueden escoger la Sanidad Pública como entidad médica. Con todo no vería mal que todos los funcionarios pasaran al régimen general de la Seguridad Social, aunque esto, al menos inicialmente provocaría un aumento del gasto.